Con ocasión del fallido golpe de Estado, el Gobierno turco suspendió hace unos días la aplicación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (ECHR), dando así un paso formal sustancial que culmina un lento y progresivo proceso de deterioro del respeto a los derechos humanos en dicho Estado.
Desde hace tiempo, se venía observando la cercenación de la libertad de expresión con el control desmedido y cierre de medios de comunicación, así como la detención arbitraria de opositores, activistas e intelectuales críticos con el presidente Erdogan, sin olvidar su política represiva con los refugiados.
El aluvión de medidas adoptadas en los días siguientes al frustrado golpe supone una clara conculcación de las mínimas garantías jurídicas, derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Estamos viendo una clara erosión del Estado de Derecho y la separación de poderes con medidas tendentes a la neutralización del poder legislativo, la potenciación del poder ejecutivo sin control y el desmantelamiento del poder judicial. Estamos observando cada día, mas intensa y extensamente, el quebranto de derechos y garantías básicos con medidas como, entre otras, la ampliación del derecho de detención sin cargos, los malos tratos, la separación arbitraria de jueces, docentes, funcionarios y miles de empleados públicos, la supresión del control judicial de las anteriores conductas, el anuncio del restablecimiento de la pena de muerte, etcétera.
Desde la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, condenamos enérgicamente esta política del Gobierno turco y la actitud débil y casi pasiva de las instituciones de la Unión Europea al respecto, e instamos a dicho Gobierno a que vuelva a respetar los compromisos que tiene contraídos con respecto a la normativa internacional de protección de los derechos humanos, garantizando de inmediato la presunción de inocencia, la integridad física de los detenidos, la interdicción de cualquier arbitrariedad y la garantía pública de los derechos de libertad de expresión, reunión y control judicial de todos los actos ejecutivos.
